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Nueve años después del huracán María, la pregunta para Puerto Rico ya no es cuánto dinero federal de recuperación hay disponible, sino si sus agencias, municipios y organizaciones sin fines de lucro pueden gastarlo lo suficientemente bien como para conservarlo. Una nueva ley federal eleva lo que está en juego.
El dinero todavía se mueve
La reconstrucción todavía llega a la etapa de subasta. En 2026, la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico abrió subastas para obras financiadas por FEMA, entre ellas el Paseo Lineal de Puerta de Tierra en San Juan y dos escuelas públicas, y la Autoridad de los Puertos solicitó propuestas para rehabilitar el aeropuerto regional de Humacao con fondos de FEMA vinculados a María.
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos adjudicó un contrato de $57.4 millones para adelantar la restauración del Caño Martín Peña en San Juan, financiada en parte por la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos.
Un cambio en la tolerancia al riesgo en Washington
En artículos para News is my Business, varios analistas describen una nueva etapa. Uno señala que la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno vinculó $1.17 billones de los $6.97 billones en adjudicaciones federales gastadas entre 2017 y 2021 a hallazgos de auditoría graves y persistentes, y que los auditores encontraron problemas recurrentes en los departamentos de Educación, Salud y Trabajo de Puerto Rico. El dinero que luego se considera indebido puede recobrarse después de gastado.
Otro destaca los expedientes de contratación que exigen las reglas federales de subvenciones (2 CFR 200.318(i)) y que muchas entidades no conservan, así como la función de asistencia técnica de COR3.
Adelantos que no se movieron
En abril, la Oficina del Contralor de Puerto Rico informó que 504 proyectos de recuperación habían recibido $747.7 millones en adelantos de capital de trabajo sin someter una solicitud de reembolso. Los adelantos se crearon para resolver un problema de liquidez; el paso que mantiene el dinero en movimiento no se dio.
Una nueva ley con plazos
El 11 de julio de 2026, la Ley ROAD to Housing del Siglo 21 se convirtió en la Ley Pública 119-101. Su Ley de Reforma de la Recuperación de Desastres autoriza por tres años el programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario y Recuperación de Desastres, exige que HUD emita reglamentos y establece metas de desempeño y gasto, con medidas correctivas cuando no se cumplen.
Mientras tanto, el trato regulatorio bancario federal especial que incentivaba los préstamos para la recuperación de María expiró el 20 de septiembre de 2026, tras casi nueve años.
Por qué la capacidad es un asunto de igualdad
Una administración sólida protege el dinero federal que recibe Puerto Rico, y las instituciones de Puerto Rico son responsables de él. Pero las reglas que rigen ese dinero —desde los próximos reglamentos de HUD hasta los requisitos de FEMA— se escriben en Washington, donde Puerto Rico no tiene senadores ni voto final en la Cámara. La representación igual daría a la isla voz para fijar los términos que debe cumplir.
Fuentes: News is my Business: ciclo de riesgo de fondos federales (en inglés) · News is my Business: lección para HUD (en inglés) · News is my Business: subastas de COR3 (en inglés) · News is my Business: contrato del Caño Martín Peña (en inglés) · News is my Business: fin del trato bancario de recuperación (en inglés)

