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El 27 de mayo de 1901, el Tribunal Supremo decidió dos casos sobre lo mismo, azúcar y aranceles, y llegó a respuestas que apuntaban en direcciones distintas. Juntos iniciaron los Casos Insulares, que todavía definen el lugar de Puerto Rico en la Constitución.
De Lima v. Bidwell: no es un país extranjero
La DeLima Sugar Importing Company había pagado aranceles por azúcar traída de Puerto Rico a Nueva York en 1899, después de que España cediera la isla. Las leyes arancelarias aplicaban a bienes de países extranjeros. Por 5 votos a 4, en una opinión del juez Henry Billings Brown, el Tribunal resolvió que tras el Tratado de París Puerto Rico ya no era un país extranjero para fines de esas leyes, por lo que no se podían cobrar los aranceles bajo ellas.
Downes v. Bidwell: no es plenamente parte de Estados Unidos
Ese mismo día, en Downes v. Bidwell, otra mayoría avaló los aranceles que el Congreso había impuesto específicamente al comercio con Puerto Rico en la Ley Foraker. Ninguna opinión obtuvo mayoría, pero la opinión concurrente del juez Edward White introdujo la idea de que Puerto Rico pertenecía a Estados Unidos sin estar incorporado a él, de modo que la regla constitucional de que los aranceles sean uniformes en todo Estados Unidos no aplicaba.
El resultado
Puerto Rico no era extranjero ni plenamente nacional. Esa posición intermedia, creada por jueces en 1901, es el fundamento de la doctrina de los territorios no incorporados que los tribunales todavía citan. La estadidad es el único cambio que la eliminaría sin depender de una futura decisión judicial.
NAPREC apoya la igualdad mediante la estadidad.
Fuentes: De Lima v. Bidwell, 182 U.S. 1 (1901) (Biblioteca del Congreso, en inglés) · Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244 (1901) (Biblioteca del Congreso, en inglés)

