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La Cláusula de Nombramientos de la Constitución exige que los funcionarios principales de Estados Unidos los nombre el Presidente con el consejo y consentimiento del Senado. Los siete miembros de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, creada por PROMESA en 2016, fueron nombrados por el Presidente sin confirmación del Senado. En Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico v. Aurelius Investment, LLC, el Tribunal Supremo decidió si eso estaba permitido.
La decisión del Primer Circuito
El 15 de febrero de 2019, el Tribunal de Apelaciones federal para el Primer Circuito resolvió que los miembros de la Junta eran funcionarios principales de Estados Unidos y que sus nombramientos violaban la Cláusula de Nombramientos. El tribunal no anuló las acciones anteriores de la Junta, al amparo de la doctrina del funcionario de facto, y concedió 90 días al Presidente y al Senado para corregir el defecto.
La respuesta del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo escuchó los argumentos el 15 de octubre de 2019 y revocó la decisión el 1 de junio de 2020. En la opinión del Tribunal, el juez Stephen Breyer coincidió en que la Cláusula de Nombramientos aplica a todos los funcionarios de Estados Unidos, incluidos quienes sirven en Puerto Rico. Pero concluyó que los funcionarios que ejercen poderes principalmente locales, creados bajo la autoridad del Congreso sobre los territorios, no son funcionarios “de Estados Unidos”. Como las funciones de la Junta se referían a las finanzas propias de Puerto Rico, sus miembros no necesitaban confirmación del Senado. Los jueces Clarence Thomas y Sonia Sotomayor coincidieron con el resultado, pero escribieron por separado; la jueza Sotomayor cuestionó el alcance del poder federal sobre Puerto Rico.
Lo que la decisión deja abierto
La decisión resolvió cómo podía nombrarse la Junta. No cambió quién la escoge. Bajo PROMESA, el Presidente selecciona a los miembros, la mayoría de listas preparadas por líderes del Congreso, y la Junta puede certificar los presupuestos y planes fiscales de Puerto Rico sobre las objeciones de los funcionarios electos. Los votantes de Puerto Rico no tienen senadores que examinen a los nominados ni un miembro con voto en la Cámara que enmiende la ley. En un estado, los funcionarios que administran las finanzas públicas responden a electores que también eligen la delegación del estado en el Congreso.
NAPREC apoya la igualdad mediante la estadidad, para que las decisiones sobre las finanzas de Puerto Rico las tomen funcionarios que respondan a los votantes de Puerto Rico.
Fuentes: FOMB v. Aurelius Investment, LLC, núm. 18-1334 (2020) (Tribunal Supremo, en inglés) · Aurelius Investment, LLC v. Puerto Rico, 915 F.3d 838 (Primer Circuito, 2019, en inglés) · PROMESA, Ley Pública 114-187 (govinfo, en inglés)

