English
The Fifth Amendment says no person shall “be twice put in jeopardy” for the same offense. There is a long-standing exception: a state and the federal government may each prosecute the same conduct, because each is a separate sovereign drawing its authority from a different source. In Puerto Rico v. Sánchez Valle, decided June 9, 2016, the Supreme Court held that the exception does not apply to Puerto Rico.
The case
Luis Sánchez Valle was charged in Puerto Rico’s courts under the Puerto Rico Arms Act of 2000 and, for the same conduct, in federal court under federal firearms law. After he pleaded guilty to the federal charge, he argued that the Double Jeopardy Clause barred the Puerto Rico prosecution. The Supreme Court of Puerto Rico agreed, and the U.S. Supreme Court affirmed by a vote of 6–2.
The reasoning
Writing for the majority, Justice Elena Kagan explained that the test is not how much self-government a jurisdiction has, but where its power to prosecute ultimately comes from. States’ authority predates the Union and is preserved by the Constitution. Puerto Rico has broad self-government under the constitution its voters adopted in 1952, but Congress authorized that constitution, so the ultimate source of Puerto Rico’s prosecutorial power is Congress. Puerto Rico and the United States are therefore not separate sovereigns for double jeopardy purposes. Justice Stephen Breyer, joined by Justice Sonia Sotomayor, dissented, arguing that the events of 1950 to 1952 made Puerto Rico’s people the source of its criminal law.
What the decision means
The ruling concerns successive prosecutions; it does not decide every question about Puerto Rico’s autonomy or future status. But it states plainly a point that runs through the territorial relationship: Puerto Rico’s powers, however substantial, exist because Congress allows them. Only admission as a state, or independence, would change that source of authority. As a state, Puerto Rico would hold the same reserved powers as the other 50 states under the Tenth Amendment.
NAPREC supports equality through statehood, which would give Puerto Rico sovereignty within the Union on the same terms as every other state.
Sources: Puerto Rico v. Sánchez Valle, 579 U.S. 59 (2016) (govinfo) · Public Law 600, 64 Stat. 319 (1950) (govinfo) · Bill of Rights, Fifth and Tenth Amendments (National Archives)
Español — Sánchez Valle y el origen de la autoridad de Puerto Rico
La Quinta Enmienda dispone que nadie podrá ser puesto dos veces en riesgo de castigo por el mismo delito. Existe una excepción de larga data: un estado y el gobierno federal pueden procesar cada uno la misma conducta, porque cada uno es un soberano distinto cuya autoridad proviene de una fuente diferente. En Puerto Rico v. Sánchez Valle, decidido el 9 de junio de 2016, el Tribunal Supremo resolvió que la excepción no aplica a Puerto Rico.
El caso
Luis Sánchez Valle fue acusado en los tribunales de Puerto Rico bajo la Ley de Armas de Puerto Rico de 2000 y, por la misma conducta, en el tribunal federal bajo la ley federal de armas de fuego. Después de declararse culpable del cargo federal, alegó que la cláusula contra la doble exposición impedía el proceso en Puerto Rico. El Tribunal Supremo de Puerto Rico le dio la razón, y el Tribunal Supremo de Estados Unidos confirmó esa decisión por 6 votos a 2.
El razonamiento
En la opinión de la mayoría, la jueza Elena Kagan explicó que la prueba no es cuánto gobierno propio tiene una jurisdicción, sino de dónde proviene, en última instancia, su poder de procesar. La autoridad de los estados es anterior a la Unión y la Constitución la preserva. Puerto Rico tiene un amplio gobierno propio bajo la constitución que aprobaron sus electores en 1952, pero el Congreso autorizó esa constitución, de modo que la fuente última del poder de Puerto Rico para procesar es el Congreso. Por lo tanto, Puerto Rico y Estados Unidos no son soberanos separados para fines de la doble exposición. El juez Stephen Breyer, junto con la jueza Sonia Sotomayor, disintió, y sostuvo que los acontecimientos de 1950 a 1952 convirtieron al pueblo de Puerto Rico en la fuente de su derecho penal.
Lo que significa la decisión
La decisión trata sobre procesamientos sucesivos; no decide todas las cuestiones sobre la autonomía de Puerto Rico ni sobre su estatus futuro. Pero expresa con claridad una idea presente en toda la relación territorial: los poderes de Puerto Rico, por amplios que sean, existen porque el Congreso los permite. Solo la admisión como estado, o la independencia, cambiaría esa fuente de autoridad. Como estado, Puerto Rico tendría los mismos poderes reservados que los otros 50 estados bajo la Décima Enmienda.
NAPREC apoya la igualdad mediante la estadidad, que le daría a Puerto Rico soberanía dentro de la Unión en las mismas condiciones que a los demás estados.
Fuentes: Puerto Rico v. Sánchez Valle, 579 U.S. 59 (2016) (govinfo, en inglés) · Ley Pública 600, 64 Stat. 319 (1950) (govinfo, en inglés) · Carta de Derechos, Quinta y Décima Enmiendas (Archivos Nacionales, en inglés)