English
For three decades, a provision of the federal tax code shaped Puerto Rico’s economy more than almost any local policy. Section 936, enacted in 1976, gave U.S. corporations a tax credit equal to their federal tax on qualifying income earned in Puerto Rico, in effect a full exemption. Its repeal, completed on January 1, 2006, is part of the story of the island’s long recession and debt crisis.
How the credit worked
Congress designed the credit to encourage investment that created jobs in Puerto Rico. Companies typically operated through subsidiaries, called possessions corporations, that earned most of their income on the island. Pharmaceutical manufacturers were among its major users. By the early 1990s, the General Accounting Office (now the Government Accountability Office) reported concern that the credit let corporations shelter substantial income from federal tax, and cited a Congressional Budget Office estimate that it would cost the Treasury about $15 billion from 1993 through 1997.
Limits, then repeal
Congress capped the credit in 1993. In 1996, the Small Business Job Protection Act (Public Law 104-188) repealed it for new claimants and phased it out over ten years for existing ones, with a modified version moved to Section 30A of the tax code. The credit expired completely on January 1, 2006. A 1997 GAO report found that Puerto Rico’s economy continued to grow after the 1993 limits, but could not determine their effect. Later research by economists Zadia Feliciano and Andrew Green, published by the National Bureau of Economic Research, estimated that the end of the exemption lowered average manufacturing wages in Puerto Rico by 16.7 percent and reduced the number of manufacturing establishments by 18.7 to 28.0 percent.
The lesson for status
Economists still debate how much of Puerto Rico’s decline the repeal explains. What is not in dispute is how the decision was made. A tax policy that defined the island’s industrial base was created, limited and repealed by Congress, in votes where Puerto Rico had no senators and no voting representative. Puerto Rico’s economy depended on a special federal rule that could be withdrawn, rather than on the permanent, equal tax treatment that applies in the states.
NAPREC supports equality through statehood: equal treatment under federal tax law, and an equal vote when that law changes.
Sources: CRS RS20695, The Puerto Rican Economic Activity Tax Credit (2000) · GAO/GGD-97-101, Tax Policy: Puerto Rican Economic Trends (1997) · GAO/GGD-92-72BR (1992) · Feliciano and Green, NBER Working Paper 23681 (2017)
Español — La sección 936: el beneficio contributivo federal que terminó en 2006
Durante tres décadas, una disposición del código contributivo federal influyó en la economía de Puerto Rico más que casi cualquier política local. La sección 936, aprobada en 1976, les daba a las corporaciones estadounidenses un crédito igual a su contribución federal sobre ciertos ingresos generados en Puerto Rico, lo que equivalía a una exención total. Su derogación, completada el 1 de enero de 2006, forma parte de la historia de la larga recesión de la isla y de su crisis de deuda.
Cómo funcionaba el crédito
El Congreso diseñó el crédito para estimular inversiones que crearan empleos en Puerto Rico. Las compañías solían operar mediante subsidiarias, llamadas corporaciones de posesiones, que obtenían la mayor parte de sus ingresos en la isla. Los fabricantes farmacéuticos figuraron entre sus principales usuarios. A principios de los años noventa, la Oficina General de Contabilidad federal (hoy la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, GAO) informó preocupación de que el crédito permitía a las corporaciones proteger de la contribución federal ingresos considerables, y citó un estimado de la Oficina de Presupuesto del Congreso de que le costaría al Tesoro unos $15,000 millones de 1993 a 1997.
Límites y luego derogación
El Congreso limitó el crédito en 1993. En 1996, la Ley de Protección de Empleos en Pequeños Negocios (Ley Pública 104-188) lo derogó para nuevos solicitantes y lo eliminó gradualmente en diez años para los existentes, con una versión modificada trasladada a la sección 30A del código. El crédito expiró por completo el 1 de enero de 2006. Un informe de la GAO de 1997 halló que la economía de Puerto Rico siguió creciendo después de los límites de 1993, pero no pudo determinar su efecto. Investigaciones posteriores de los economistas Zadia Feliciano y Andrew Green, publicadas por el National Bureau of Economic Research, estimaron que el fin de la exención redujo en 16.7 por ciento los salarios promedio en la manufactura de Puerto Rico y en 18.7 a 28.0 por ciento el número de establecimientos manufactureros.
La lección sobre el estatus
Los economistas aún debaten qué parte del deterioro de Puerto Rico explica la derogación. Lo que no está en discusión es cómo se tomó la decisión. Una política contributiva que definió la base industrial de la isla fue creada, limitada y derogada por el Congreso, en votaciones en las que Puerto Rico no tenía senadores ni un representante con voto. La economía de Puerto Rico dependió de una regla federal especial que podía retirarse, y no del trato contributivo permanente e igual que aplica en los estados.
NAPREC apoya la igualdad mediante la estadidad: trato igual bajo la ley contributiva federal y voto igual cuando esa ley cambia.
Fuentes: CRS RS20695, el crédito por actividad económica en Puerto Rico (2000, en inglés) · GAO/GGD-97-101, tendencias económicas de Puerto Rico (1997, en inglés) · GAO/GGD-92-72BR (1992, en inglés) · Feliciano y Green, documento de trabajo 23681 del NBER (2017, en inglés)