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El 25 de julio de 1952, el gobernador Luis Muñoz Marín proclamó la vigencia de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Fue un logro real de gobierno propio. No fue un cambio en la relación de Puerto Rico con Estados Unidos, y entender ambas mitades de esa oración es esencial para el debate de estatus.
Cómo se hizo la constitución
En 1950, el Congreso aprobó la Ley Pública 81-600, que autorizó al pueblo de Puerto Rico a redactar su propia constitución. Los electores aprobaron iniciar el proceso en un referéndum, por unos 387,000 votos a 119,000, o 76 por ciento. Luego eligieron delegados a una convención constituyente, que redactó el documento en 1951, y aprobaron la constitución por unos 375,000 votos a 83,000, o 82 por ciento. En julio de 1952, el Congreso la aprobó mediante la Ley Pública 82-447, pero solo con cambios que el propio Congreso exigió. La convención aceptó el texto modificado, y la constitución entró en vigor.
Lo que cambió
La constitución organizó el gobierno de Puerto Rico en tres poderes, garantizó una carta de derechos y dio a los electores de la isla autoridad sobre asuntos locales que antes fijaban las leyes federales. Los puertorriqueños elegían a su gobernador desde 1948 bajo la Ley del Gobernador Electivo de 1947; la constitución ubicó ese cargo y la legislatura dentro de un marco adoptado por los propios electores de Puerto Rico.
Lo que no cambió
Ni la constitución ni las leyes federales que la autorizaron y aprobaron cambiaron la relación fundamental de Puerto Rico con Estados Unidos. Esa relación sigue regida por la Cláusula Territorial de la Constitución federal, bajo la cual el Congreso puede dictar reglas para los territorios. La facultad del Congreso de exigir cambios antes de aprobar el documento demostró dónde residía la autoridad final. El Tribunal Supremo dijo lo mismo en 2016, en Puerto Rico v. Sánchez Valle, al resolver que la autoridad de Puerto Rico para procesar delitos proviene, en última instancia, del Congreso.
La Constitución de 1952 sigue siendo la ley fundamental de la isla para el gobierno local. No les da a los residentes de Puerto Rico representación con voto en el Congreso ni un voto para Presidente. NAPREC apoya la igualdad mediante la estadidad, que mantendría una constitución adoptada por los electores de Puerto Rico y añadiría la representación federal que 1952 no otorgó.
Fuentes: Servicio de Investigación del Congreso, RL32933, estatus político de Puerto Rico (en inglés) · Ley Pública 82-447, 66 Stat. 327 (GovInfo, en inglés) · Puerto Rico v. Sánchez Valle, 579 U.S. 59 (2016; en inglés)

