Este artículo también está disponible en inglés.
El 12 de septiembre de 1966, el Congreso aprobó la Ley Pública 89-571, y la justicia federal en Puerto Rico cambió. Hasta entonces, los jueces del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico servían términos de ocho años. La ley de 1966 eliminó las disposiciones que excluían a los jueces de distrito de Puerto Rico del cargo vitalicio mientras observen buena conducta. Desde entonces, esos jueces sirven con la misma inamovilidad y las mismas protecciones salariales que el artículo III de la Constitución otorga a los jueces federales en los 50 estados.
Por qué importa la inamovilidad
El cargo vitalicio es la garantía constitucional de la independencia judicial. Un juez que no puede ser destituido por un fallo impopular, y cuyo salario no puede reducirse, puede decidir los casos conforme a derecho. Antes de 1966, los jueces federales de Puerto Rico tenían que enfrentar un nuevo nombramiento, una presión que los jueces federales de los estados nunca enfrentaron. El Congreso eliminó esa diferencia por ley.
Lo que no cambió
La ley de 1966 hizo que el tribunal federal en Puerto Rico funcionara como un tribunal federal en un estado. No cambió la condición territorial de Puerto Rico. Las apelaciones del Distrito de Puerto Rico van al Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito, junto con las de Maine, Massachusetts, Nuevo Hampshire y Rhode Island, y el pueblo de Puerto Rico sigue sin senadores que voten en la confirmación de los jueces que le sirven.
Un modelo de trato igualitario
La Ley Pública 89-571 demuestra que el Congreso puede llevar a Puerto Rico al trato igualitario una institución a la vez. También demuestra los límites de ese enfoque. Cada cambio depende de una ley distinta del Congreso, y lo que un Congreso concede por ley, otro puede revisarlo. La estadidad resolvería el asunto en todas las instituciones a la vez.
NAPREC apoya la igualdad mediante la estadidad. Si usted sigue los nombramientos federales, puede hacer una pregunta sencilla: ¿deben los 3.2 millones de ciudadanos de Puerto Rico tener senadores que voten sobre los jueces que deciden sus casos?
Fuentes: Ley Pública 89-571, 80 Stat. 764 (GovInfo, en inglés) · 28 U.S.C. § 134, término de los jueces de distrito (en inglés)

