Puerto Rico v. Franklin: por qué Puerto Rico no pudo reestructurar sus propias deudas

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Cuando una ciudad de un estado no puede pagar sus deudas, el estado puede autorizarla a buscar alivio bajo el capítulo 9 del Código de Quiebras federal. Detroit lo hizo en 2013. Las corporaciones públicas de Puerto Rico, incluidas sus empresas de electricidad y de agua, no tenían esa opción. En 2014, Puerto Rico intentó llenar ese vacío con su propia ley, la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas. En Puerto Rico v. Franklin California Tax-Free Trust, decidido el 13 de junio de 2016, el Tribunal Supremo resolvió que no podía hacerlo.

Lo que decidió el Tribunal

Fondos de inversión que poseían bonos de las corporaciones públicas, entre ellos Franklin California Tax-Free Trust, impugnaron la ley. En una opinión de mayoría de 5 a 2, el juez Clarence Thomas resolvió que la sección 903(1) del Código de Quiebras, que prohíbe a los estados aprobar sus propias leyes de quiebra municipal, aplica a Puerto Rico. El Código define “estado” de modo que incluye a Puerto Rico, salvo para determinar quién puede ser deudor bajo el capítulo 9. Una enmienda de 1984 había excluido a Puerto Rico de esa regla de elegibilidad. El resultado fue que Puerto Rico no podía usar el capítulo 9 ni crear su propio sustituto. La jueza Sonia Sotomayor, junto con la jueza Ruth Bader Ginsburg, disintió, y sostuvo que no debía dejarse a Puerto Rico sin un medio legal para reestructurar. El juez Samuel Alito no participó.

Lo que siguió

Diecisiete días después, el 30 de junio de 2016, el Congreso aprobó PROMESA. La ley creó la Junta de Supervisión y Administración Financiera y un proceso de reestructuración supervisado por un tribunal bajo su Título III, inspirado en parte en la quiebra. Los miembros de la Junta los nombra el Presidente, no los eligen los votantes de Puerto Rico, y la Junta certifica los planes fiscales y los presupuestos de Puerto Rico.

Por qué importa el caso

El caso es una decisión de interpretación de ley, no una decisión sobre el estatus. Pero muestra cómo funciona en la práctica la relación territorial. Una definición escrita por el Congreso en 1984, sin un miembro con voto de Puerto Rico en ninguna de las dos cámaras, decidió qué herramientas tendría la isla en su peor crisis fiscal. Un estado con las mismas deudas habría tenido disponible el capítulo 9 para sus corporaciones públicas, y dos senadores y una delegación completa en la Cámara para influir en cualquier respuesta federal.

NAPREC apoya la igualdad mediante la estadidad, para que los residentes de Puerto Rico tengan voto cuando el Congreso escribe las reglas que rigen sus finanzas públicas.

Fuentes: Puerto Rico v. Franklin California Tax-Free Trust, 579 U.S. 115 (2016) (govinfo, en inglés) · PROMESA, Ley Pública 114-187 (govinfo, en inglés)

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