English
On January 18, 2022, Judge Laura Taylor Swain of the U.S. District Court for Puerto Rico confirmed the plan of adjustment for the Commonwealth of Puerto Rico, its Employees Retirement System and its Public Buildings Authority. It took effect on March 15, 2022, nearly five years after the Oversight Board filed the Commonwealth’s Title III case under PROMESA on May 3, 2017.
What the plan did
According to Puerto Rico’s Fiscal Agency and Financial Advisory Authority, the plan reduced the Commonwealth’s funded debt from about $34.3 billion to about $7.4 billion, a 78 percent reduction, and cut maximum annual debt service, including the sales tax bonds known as COFINA, from about $4.2 billion to $1.15 billion. Creditors received new general obligation bonds of about $7.41 billion and contingent value instruments that pay more if revenue outperforms projections.
Pensions
A Congressional Research Service analysis noted that retirees receiving $1,500 or less a month kept their benefit levels, that older public employees moved from a defined-benefit to a defined-contribution system, and that younger public workers were slated to join Social Security. Unfunded pension liabilities had been estimated at $55 billion.
What remains
The plan did not end PROMESA. The Electric Power Authority’s Title III case remains open, and the Oversight Board stays in place until Puerto Rico regains access to credit markets at reasonable rates and achieves four consecutive balanced budgets. The restructuring was negotiated by a board appointed in Washington and approved by a federal court, under a law adopted without a vote from Puerto Rico’s residents in either chamber of Congress.
NAPREC supports fiscal responsibility and equality through statehood, which would give Puerto Rico the same tools and the same voice as the states when Congress writes the rules for public finance.
Sources: Fiscal Agency and Financial Advisory Authority, Commonwealth of Puerto Rico · CRS IN11858, Adjustment of Puerto Rico’s Public Debts (2022) · PROMESA, Public Law 114-187 (govinfo)
Español — El plan de ajuste de 2022: lo que se redujo y lo que queda
El 18 de enero de 2022, la jueza Laura Taylor Swain, del Tribunal de Distrito federal para Puerto Rico, confirmó el plan de ajuste del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, su Sistema de Retiro de los Empleados y su Autoridad de Edificios Públicos. Entró en vigor el 15 de marzo de 2022, casi cinco años después de que la Junta de Supervisión presentara el caso del Título III del Estado Libre Asociado bajo PROMESA el 3 de mayo de 2017.
Lo que hizo el plan
Según la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, el plan redujo la deuda financiada del Estado Libre Asociado de unos $34,300 millones a unos $7,400 millones, una reducción de 78 por ciento, y bajó el servicio máximo anual de la deuda, incluidos los bonos del impuesto sobre ventas conocidos como COFINA, de unos $4,200 millones a $1,150 millones. Los acreedores recibieron nuevos bonos de obligación general por unos $7,410 millones e instrumentos de valor contingente que pagan más si los recaudos superan las proyecciones.
Las pensiones
Un análisis del Servicio de Investigación del Congreso señaló que los retirados que reciben $1,500 o menos al mes mantuvieron sus beneficios, que los empleados públicos de mayor edad pasaron de un sistema de beneficio definido a uno de aportación definida y que los trabajadores públicos más jóvenes se integrarían al Seguro Social. Las obligaciones de pensiones sin fondos se habían estimado en $55,000 millones.
Lo que queda
El plan no puso fin a PROMESA. El caso del Título III de la Autoridad de Energía Eléctrica sigue abierto, y la Junta de Supervisión permanece hasta que Puerto Rico recupere acceso a los mercados de crédito a tasas razonables y logre cuatro presupuestos balanceados consecutivos. La reestructuración la negoció una junta nombrada en Washington y la aprobó un tribunal federal, bajo una ley adoptada sin el voto de los residentes de Puerto Rico en ninguna de las dos cámaras del Congreso.
NAPREC apoya la responsabilidad fiscal y la igualdad mediante la estadidad, que le daría a Puerto Rico las mismas herramientas y la misma voz que a los estados cuando el Congreso escribe las reglas de las finanzas públicas.
Fuentes: Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en inglés) · CRS IN11858, ajuste de las deudas públicas de Puerto Rico (2022, en inglés) · PROMESA, Ley Pública 114-187 (govinfo, en inglés)