English
Which parts of the Constitution protect people in Puerto Rico? The Insular Cases of the early 1900s held that the Constitution applies only in part in territories Congress has not incorporated. But later decisions have confirmed that core protections apply. Torres v. Puerto Rico, decided June 18, 1979, is one of the clearest.
The case
A 1975 Puerto Rico law, Public Law 22, allowed police to search the luggage of travelers arriving from the mainland without probable cause. Terry Torres, a Florida resident, flew from Miami to San Juan; police searched his bags and found marijuana and cash, and he was convicted. Four of the seven justices of Puerto Rico’s Supreme Court who heard his appeal found the law unconstitutional, but under Puerto Rico’s constitution a law could not be struck down without a majority of the full court, so the conviction stood.
The ruling
The U.S. Supreme Court reversed. Writing for the Court, Chief Justice Warren Burger held that the Fourth Amendment’s protection against unreasonable searches and seizures applies in Puerto Rico, and that a law allowing searches without probable cause was unconstitutional. Puerto Rico, the Court noted, does not have the sovereign authority of the United States to control entry at an international border. Justice William Brennan, joined by three other justices, concurred in the judgment and wrote that whatever limits the Insular Cases once placed on constitutional rights in Puerto Rico were outdated by the 1970s.
Part of a pattern
Three years earlier, in Examining Board v. Flores de Otero (1976), the Court held that equal protection and due process also protect residents of Puerto Rico. These decisions protect individual rights. They do not give Puerto Rico’s residents senators, a vote for President or a final vote in the House, and the Court has continued to allow Congress to treat the territory differently in federal programs.
NAPREC supports equality through statehood, which would place Puerto Rico’s residents under the whole Constitution on the same terms as every state.
Sources: Torres v. Puerto Rico, 442 U.S. 465 (1979) (govinfo) · Examining Board v. Flores de Otero, 426 U.S. 572 (1976) (govinfo)
Español — Torres v. Puerto Rico: los derechos de la Constitución en la isla
¿Qué partes de la Constitución protegen a las personas en Puerto Rico? Los Casos Insulares de principios del siglo XX resolvieron que la Constitución aplica solo en parte en los territorios que el Congreso no ha incorporado. Pero decisiones posteriores han confirmado que las protecciones esenciales aplican. Torres v. Puerto Rico, decidido el 18 de junio de 1979, es una de las más claras.
El caso
Una ley de Puerto Rico de 1975, la Ley 22, permitía a la policía registrar sin causa probable el equipaje de los viajeros que llegaban del continente. Terry Torres, residente de Florida, viajó de Miami a San Juan; la policía registró su equipaje, encontró marihuana y dinero en efectivo, y fue convicto. Cuatro de los siete jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico que atendieron su apelación consideraron la ley inconstitucional, pero bajo la constitución de Puerto Rico una ley no podía anularse sin la mayoría del tribunal completo, por lo que la convicción se mantuvo.
La decisión
El Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó. En la opinión del Tribunal, el juez presidente Warren Burger resolvió que la protección de la Cuarta Enmienda contra registros e incautaciones irrazonables aplica en Puerto Rico, y que una ley que permitía registros sin causa probable era inconstitucional. El Tribunal señaló que Puerto Rico no tiene la autoridad soberana de Estados Unidos para controlar la entrada en una frontera internacional. El juez William Brennan, junto con otros tres jueces, coincidió con el resultado y escribió que cualquier límite que los Casos Insulares impusieran a los derechos constitucionales en Puerto Rico había quedado superado en la década de 1970.
Parte de una tendencia
Tres años antes, en Examining Board v. Flores de Otero (1976), el Tribunal resolvió que la igual protección de las leyes y el debido proceso también protegen a los residentes de Puerto Rico. Estas decisiones protegen derechos individuales. No les dan a los residentes de Puerto Rico senadores, voto por el Presidente ni voto final en la Cámara, y el Tribunal ha seguido permitiendo que el Congreso trate al territorio de forma distinta en los programas federales.
NAPREC apoya la igualdad mediante la estadidad, que colocaría a los residentes de Puerto Rico bajo toda la Constitución en las mismas condiciones que a los demás estados.
Fuentes: Torres v. Puerto Rico, 442 U.S. 465 (1979) (govinfo, en inglés) · Examining Board v. Flores de Otero, 426 U.S. 572 (1976) (govinfo, en inglés)