Torres v. Puerto Rico: los derechos de la Constitución en la isla

Este artículo también está disponible en inglés.

¿Qué partes de la Constitución protegen a las personas en Puerto Rico? Los Casos Insulares de principios del siglo XX resolvieron que la Constitución aplica solo en parte en los territorios que el Congreso no ha incorporado. Pero decisiones posteriores han confirmado que las protecciones esenciales aplican. Torres v. Puerto Rico, decidido el 18 de junio de 1979, es una de las más claras.

El caso

Una ley de Puerto Rico de 1975, la Ley 22, permitía a la policía registrar sin causa probable el equipaje de los viajeros que llegaban del continente. Terry Torres, residente de Florida, viajó de Miami a San Juan; la policía registró su equipaje, encontró marihuana y dinero en efectivo, y fue convicto. Cuatro de los siete jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico que atendieron su apelación consideraron la ley inconstitucional, pero bajo la constitución de Puerto Rico una ley no podía anularse sin la mayoría del tribunal completo, por lo que la convicción se mantuvo.

La decisión

El Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó. En la opinión del Tribunal, el juez presidente Warren Burger resolvió que la protección de la Cuarta Enmienda contra registros e incautaciones irrazonables aplica en Puerto Rico, y que una ley que permitía registros sin causa probable era inconstitucional. El Tribunal señaló que Puerto Rico no tiene la autoridad soberana de Estados Unidos para controlar la entrada en una frontera internacional. El juez William Brennan, junto con otros tres jueces, coincidió con el resultado y escribió que cualquier límite que los Casos Insulares impusieran a los derechos constitucionales en Puerto Rico había quedado superado en la década de 1970.

Parte de una tendencia

Tres años antes, en Examining Board v. Flores de Otero (1976), el Tribunal resolvió que la igual protección de las leyes y el debido proceso también protegen a los residentes de Puerto Rico. Estas decisiones protegen derechos individuales. No les dan a los residentes de Puerto Rico senadores, voto por el Presidente ni voto final en la Cámara, y el Tribunal ha seguido permitiendo que el Congreso trate al territorio de forma distinta en los programas federales.

NAPREC apoya la igualdad mediante la estadidad, que colocaría a los residentes de Puerto Rico bajo toda la Constitución en las mismas condiciones que a los demás estados.

Fuentes: Torres v. Puerto Rico, 442 U.S. 465 (1979) (govinfo, en inglés) · Examining Board v. Flores de Otero, 426 U.S. 572 (1976) (govinfo, en inglés)

Previous
Previous

The $2.5 million for a federal plebiscite that was never spent

Next
Next

Cinco territorios, cinco conjuntos de reglas