English
Residents of Washington, D.C., have voted for President since 1964. Residents of Puerto Rico, more than four times as many people, have not. Both are U.S. citizens and neither lives in a state, so the difference is not citizenship. It is a constitutional amendment.
How Washington, D.C., got electors
The Constitution gives electors to states. Congress proposed the Twenty-third Amendment on June 16, 1960, and the states ratified it on March 29, 1961. It gives the District as many electors as it would have if it were a state, but never more than the least populous state. The District has cast three electoral votes in every presidential election since 1964.
Why Puerto Rico has none
No amendment has done the same for Puerto Rico. In 2005, the U.S. Court of Appeals for the First Circuit, sitting en banc in Igartúa-De La Rosa v. United States, held that the Constitution does not give U.S. citizens residing in Puerto Rico the right to vote for President, because electors are allocated to states. A Puerto Rican who moves to Florida or New York can vote for President the next election; the same citizen living in San Juan cannot.
Two paths, one difference
The District’s path required a constitutional amendment approved by three-fourths of the states, and it gave electors without senators or a voting member of the House. Statehood would give Puerto Rico electors as part of full representation: two senators, House members by population and, based on the 2020 Census, six electoral votes. An amendment for Puerto Rico would be harder to adopt and would still leave its residents without votes in Congress.
NAPREC supports equality through statehood, which would give Puerto Rico’s 3.2 million citizens a vote for President and a full voice in the Congress that writes their laws.
Sources: Constitution, Amendments 11–27, including the Twenty-third Amendment (National Archives) · Igartúa-De La Rosa v. United States, 417 F.3d 145 (1st Cir. 2005)
Español — Por qué Washington, D.C., vota por el Presidente y Puerto Rico no
Los residentes de Washington, D.C., votan por el Presidente desde 1964. Los residentes de Puerto Rico, más de cuatro veces esa población, no. Ambos son ciudadanos estadounidenses y ninguno vive en un estado, de modo que la diferencia no es la ciudadanía. Es una enmienda constitucional.
Cómo obtuvo electores Washington, D.C.
La Constitución asigna electores a los estados. El Congreso propuso la Vigesimotercera Enmienda el 16 de junio de 1960, y los estados la ratificaron el 29 de marzo de 1961. Esta le da al Distrito tantos electores como tendría si fuera un estado, pero nunca más que el estado menos poblado. El Distrito ha emitido tres votos electorales en cada elección presidencial desde 1964.
Por qué Puerto Rico no tiene ninguno
Ninguna enmienda ha hecho lo mismo por Puerto Rico. En 2005, el Tribunal de Apelaciones federal para el Primer Circuito, en pleno, resolvió en Igartúa-De La Rosa v. United States que la Constitución no les da a los ciudadanos residentes en Puerto Rico el derecho a votar por el Presidente, porque los electores se asignan a los estados. Un puertorriqueño que se muda a Florida o a Nueva York puede votar por el Presidente en la siguiente elección; el mismo ciudadano, si vive en San Juan, no puede.
Dos caminos, una diferencia
El camino del Distrito requirió una enmienda constitucional aprobada por tres cuartas partes de los estados, y le dio electores sin senadores ni un miembro con voto en la Cámara. La estadidad le daría a Puerto Rico electores como parte de una representación plena: dos senadores, miembros de la Cámara según su población y, de acuerdo con el Censo de 2020, seis votos electorales. Una enmienda para Puerto Rico sería más difícil de aprobar y aun así dejaría a sus residentes sin voto en el Congreso.
NAPREC apoya la igualdad mediante la estadidad, que les daría a los 3.2 millones de ciudadanos de Puerto Rico el voto por el Presidente y una voz plena en el Congreso que escribe sus leyes.
Fuentes: Constitución, Enmiendas 11 a 27, incluida la Vigesimotercera (Archivos Nacionales, en inglés) · Igartúa-De La Rosa v. United States, 417 F.3d 145 (Primer Circuito, 2005, en inglés)